La decadencia de la sanidad pública española
Introducción
Las instituciones en España nunca se han caracterizado, históricamente, por su eficiencia ni sentido de la coherencia. En este breve ensayo quisiera arrojar una crítica específica sobre el estado actual de la sanidad pública española.
Uno ni siquiera termina de aparcar cerca de un hospital o de llegar andando y ya se encuentra un panorama poco halagüeño. Celadores y enfermeros fuman junto a la puerta de urgencias mientras la gente se apiña en salas de espera a rebosar.
Se toma el turno, se espera, quizás, a una previa etapa de clasificación y nos dirigen a una sala de espera todavía mayor y más atestada. Para llegar hay que esquivar primero camillas con ancianos acostados por los pasillos, algunos con respiraderos o sujetos de la mano por sus familiares.
Entre centenares de asientos, inusables por las políticas contra el COVID-19, la gente se resigna cabizbaja, jugueteando con sus móviles para combatir el aburrimiento o el dolor que experimenten. ¿Qué sentido tiene reservar dos metros de distancia entre asientos aun cuando nos vemos obligados a esperar de pie, pegados unos contra otros?
Uno no hay podido siquiera desabrocharse la chaqueta y ya observa que la mayor parte de las consultas están apagadas y no funcionan por falta de personal. Tendremos que llenarnos de paciencia.
La decadencia de la sanidad pública como resultado de un problema endémico
La atención primaria, ya sea en urgencias o en una cita con el médico de cabecera, es donde se revelan principalmente las carestías y la decadencia de la sanidad pública española. Si desde antes de la epidemia del coronavirus habíamos sufrido graves recortes excusados por la crisis económica —fruto de una mala gestión política basada en el ladrillo y la corrupción—, la situación se ha convertido en algo absolutamente insostenible.
A las numerosas camillas dejadas en los pasillos de observación se les sumaba la carencia de mascarillas y de trajes de protección personal para el personal sanitario. Si con anterioridad el servicio sanitario público era precario, desde entonces hemos alcanzado el nivel propio de un país tercermundista.
Desde el coronavirus se han acentuado, de golpe, todos los males endémicos de la gestión política española: saturación, recortes, incompetencia, burocracia infuncional y una larga ristra de situaciones lamentables. Muchos medios de comunicación exponen cifras y denuncias de fallecidos por negligencias médicas.
En la actualidad, el ciudadano español apenas tiene vías para solicitar atención primaria. Si uno intenta coger cita con el médico de cabecera, el teléfono probablemente esté descolgado y en la página de internet se indica que no resulta posible seleccionar ninguna fecha. A ello cabe sumarle la misma situación hallada para gestiones de la Seguridad Social, Hacienda o en las comisarías de la Policía Nacional.
Esta imposibilidad de disponer de una visita programada con un profesional deriva en un aumento exponencial en el número de ciudadanos que acuden a urgencias.
La sanidad pública presume de «prevención precoz»
Muy a menudo aparecen anuncios publicitarios, y avisos en los propios centros de salud, que indican la importancia de acudir a un profesional a tiempo para detectar y prevenir enfermedades mortales.
Sin embargo, en la práctica, si uno busca ayuda profesional porque presenta una sintomatología compatible con un cáncer, un tumor o algún trastorno importante, estos mismos profesionales se niegan o posponen hasta el infinito la realización de pruebas que podrían salvar vidas, ya sea por escasez de recursos o al priorizar otros cuadros clínicos más desfavorables.
Hay casos sangrantes en que el paciente recibe la noticia de que su caso no tiene cura, tratamiento o intervención quirúrgica porque no se ha detectado a tiempo. Otras veces, es precisamente la detención tardía lo que degenera en un mayor gasto a la sanidad pública. Sólo se destina presupuesto a combatir síntomas en lugar de prevenir enfermedades. Qué irónico, ¿verdad?
¿De qué sirve tanta publicidad bananera y cartelitos monos si, en la realidad, el gobierno prefiere despedir sanitarios, permitir la fuga de cerebros y destinar 20.000 millones en «políticas feministas transversales». Me imagino a aquella mujer, joven o de edad media, a quien no le llega el sueldo para hacer la compra ni dispone de una merecida atención sanitaria. Pero el gobierno, eso sí, se ha molestado en llenar las calles de España con bellos letreros con lemas muy posmodernos que le recuerdan su gran papel y derechos como mujer...
La sanidad pública droga a la población
Aparte del sentido sugerente de esta afirmación, por medio de la manipulación política en temas como el asunto animalista, el Gobierno de España ejerce una hipotética cruzada contra las drogas mientras avala y promueve un modelo de drogadicción institucional.
Todavía se repite aquello de que el paciente no debe automedicarse, aun cuando se encuentra siempre con las mismas barreras, la misma desatención y las mismas negligencias. Acudir a urgencias en la sanidad pública significa, sin excepción, soportar larguísimas esperas para recibir una atención de pocos minutos que se saldará con algún medicamento generalista.
Paracetamol, ibuprofeno y diazepam adquieren el valor de panaceas universales —me acuerdo ahora de aquella novela de «El médico»— ante el colapso y la desidia de los profesionales sanitarios. Muchos síntomas acaban ninguneados sistemáticamente por el desinterés o costo de realizar determinadas pruebas o de derivar la exploración previa a otro saturado especialista.
Hay casos en que el desempleo, la fractura familiar y el estrés conducen a situaciones que requieren de un neurólogo, psicólogo o psiquiatra. Estas especialidades, junto con la salud oral, quedan injustamente marginadas. Aquéllos que sufran de algún trastorno, más o menos grave, y necesiten atención para cuestiones neurológicas quedan en el más absoluto olvido.
Conclusiones
La sanidad pública, en estos años, ha pasado de ser una de las mejores de Europa y del mundo a un esperpento para la salud y dignidad de los españoles. El dinero que se destina a atención sanitaria es tanto insuficiente como mal repartido y mal gestionado.
La atención se demora demasiado, la pruebas y operaciones se producen a cuentagotas, las listas de espera tardan meses y los tratamientos son genéricos. En la actualidad, está produciéndose un incremento en el número de pacientes que recurren a la sanidad privada ante la frustración, la desesperación y la impotencia de poder defender sus derechos.
Poco a poco, la sanidad pública va quedando relegada a convertirse en un sistema precario para atender a inmigrantes y personas desfavorecidas. No en vano, la decadencia de la sanidad pública española es un fiel reflejo de la degeneración social de nuestro país.
Parece que se ha iniciado una caída cuesta abajo y un deterioro que nos conducirá al estado de otros países supuestamente desarrollados; los cuales dejan morir a enfermos en la puerta de los hospitales si no han rellenado aún su parte del seguro médico o indicado una cuenta bancaria que pueda costear una atención de vida o muerte.